La lucha contra el cambio climático es una de las preocupaciones principales de nuestra sociedad y estamos decididos a combatirlo. La Unión Europea sigue confiando en un sistema de comercio de emisiones para la distribución eficiente del recorte de las emisiones entre países y sectores industriales. A partir de 2019 la UE intentará ser más estricta con los volúmenes de derechos de emisión en circulación para apoyar una subida del precio de los derechos de emisión del CO2. Todo ello tendrá un coste sustancial que pagaremos los ciudadanos. Nuestros gobernantes deberán informarnos claramente cómo nos afectará.
La Unión Europea (UE) decidió poner en marcha en el año 2003 un esquema de cap and trade (limitación e intercambio) para la reducción de emisiones de CO2, el Esquema de Comercio de Emisiones (ETS por sus siglas en inglés). El proyecto era obligar a las industrias emisoras de CO2 a adquirir derechos de emisión (EUA por sus siglas en inglés) para cubrir la totalidad de sus emisiones de carbono. La UE limitaría la circulación de EUAs de tal manera que la valoración del mercado de los derechos aumentaría hasta hacer atractivo el coste alternativo: la reducción de las emisiones de CO2 mediante la mejora o el cambio tecnológico. La negociación y transferencia de EUAs permitiría realizar las inversiones en reducción de emisiones en aquellas actividades y lugares donde fueran más eficientes, evitando el coste de tener que comprar los EUAs.
El diseño del cap and trade no funciona sino existe un cap efectivo, donde la oferta sea inferior a la demanda, generada por las emisiones anuales de CO2. Desde la puesta en marcha del ETS, más allá de momentos iniciales con movimientos de precio al alza especulativos, la oferta de EUAs ha superado a la demanda, manteniendo deprimido el precio de los EUAs y provocando que el coste de no emitir CO2 no incentivara la reducción de emisiones de las industrias afectadas. A pesar de la voluntad de la Comisión Europea, la presión de los gobiernos de los países miembros no ha permitido ser estrictos en la imposición de límites en los EUAs en circulación, que emite la propia Unión Europea. Hasta hace bien poco el precio de los EUAs ha permanecido deprimido por la abundancia de derechos frente a las necesidades de las industrias.
Objetivo renovables 2030 y la Reserva de Estabilidad de Mercado
El objetivo de reducción de emisiones de CO2 de la UE, comprometido en los Acuerdos de París, es de un 40% respecto a la emisiones del año 1990. Para ello, se ha puesto en marcha un sistema que permita controlar los EUAs en circulación por parte del UE, mediante la creación de una Reserva de Estabilidad de Mercado (MSR por sus siglas en inglés) que entrará en vigor en 2019. La MSR pretende retirar o poner en circulación EUAs cuando la cantidad de derechos en el mercado sobrepase unos límites predefinidos, evitando precios demasiado bajos o demasiado altos en el mercado.
Parece, que a pesar de que todavía no ha entrado en vigor la MSR y de que subsiste el exceso de EUAs en el mercado, el precio de los derechos ha empezado a reaccionar desde finales del año pasado. El precio ha pasado de 7 €/t hasta alcanzar los 14 €/t en el primer trimestre de 2018.
Fuente: Business Insider
Analistas y fuentes del sector todavía pronostican que, a pesar de la entrada en vigor del MSR, los volúmenes establecidos para las intervenciones arrojarán un excedente de EUAs en el mercado y se necesitará ser más ambicioso.
Conociendo la importancia crucial de la lucha contra el cambio climático, que pasa por la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que ser también conscientes de que la lucha entre ambas tiene un coste no despreciable y que el único pagador del mismo son los consumidores, vía mayores precios de los bienes y servicios, y los ciudadanos, vía la recaudación impositiva necesaria. No hay que irse muy lejos para saber la incidencia del precio de los EUAs en lo que consumimos, como la electricidad. El factor de emisión de CO2 de la generación eléctrica con carbón es de aproximadamente de 0,9 t/MWh producido. Es decir que por cada MWh que genera una central de carbón necesita comprar 0,9 t de derechos de emisión de CO2 para cumplir con la regulación vigente en el ETS. El precio de su generación se incrementa en 0,9 €/MWh cada vez que el precio del EUA sube 1 €. El precio medio de los EUAs en febrero de 2018 fue de unos 9,5 €/t, si tomamos los precios de cierre del mercado del día siguiente. Las centrales de carbón marcaron precio en el mercado diario de OMIE casi el 24% de las horas del mes de febrero. Podemos concluir que, en el escenario menos riguroso, el precio de las emisiones de CO2 que utilizaron las centrales de carbón incrementó el precio de la electricidad en algo más de 2 €/MWh en el mes de febrero, una subida del 3,8% del precio.
En un escenario más riguroso, sabemos que la generación hidráulica, cuando se genera en embalses hidroeléctricos, marca precio compitiendo con las tecnologías térmicas más caras. La generación con carbón fue la tecnología con la que mayoritariamente compitió la generación hidráulica para marcar precio en el mes de febrero, y la generación hidroeléctrica marcó el precio del mercado diario en un 44% de las horas, por lo que podemos concluir que, en total, la suma de ambos costes procedentes del CO2 aumentó el precio del mercado de electricidad en 5,7 €/MWh en el mes de febrero, una subida de un 11,7%. Trasladado al consumidor, incluyendo las pérdidas de red desde las barras del generador a las de consumo, la energía se incrementó en unos 6,4 €/MWh. El objetivo de precio de los EUAs es mucho más ambicioso, probablemente por encima de los 50 €/ t de CO2. Ello nos llevaría a incrementos, solo del precio de la electricidad, entre 15 y 30 €/MWh, dependiendo de la evolución del parque de generación en España.
La lucha contra el cambio climático debe ser una prioridad para la sociedad y mientras que generará desarrollos tecnológicos muy importantes e impulsará sectores económicos, también tendrá un coste importante. Es obligación de los gobiernos mantenernos informados puntualmente del coste que tiene para ciudadanos y consumidores.
